La ruta a seguir en el sector eléctrico

2020-06-01 Víctor F. Ramírez Cabrera, Plataforma México Clima y Energía
hacia el mercado o el monopolio
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Pocas veces en tan poco tiempo hemos asistido a una destrucción de valor tan grande del sector eléctrico como la que se ha dado en cinco semanas con los acuerdos de CENACE, SENER y CRE, en ese orden.

Sin embargo, también es cierto que nunca habíamos visto una serie de actos tan torpes, mal estructurados, mal motivados, mal fundados y con procesos tan omisos, tan poco transparentes o desaseados como los que ha hecho el actual gobierno desde el 28 de abril.

Casi todos los modelos de participación privada han sido atacados, de forma directa o indirecta: autoabastecimiento por razones de transmisión, y todos los demás mediante el acuerdo del CENACE y la política de SENER. El problema más grave que hay es que la indefinición del acuerdo de SENER deja a todo sin tocar, pero tocable, al grado que aunque en este momento la Generación Distribuida parece estar intacta, los conceptos no considerados en la ley como espaciamiento, respaldo o el concepto de Generación Distribuida Confiable, podrían, sin afirmar que lo harán, afectar Distribuida.

Para complicar la ecuación, los acuerdos conviven con el pliego petitorio de CFE, con el que pueden coincidir pero no necesariamente ser lo mismo, excepto la resolución de la CRE que de ahí nace.

¿Por qué son distintas?

Porque mientras el pliego se limita a las solicitudes históricas de CFE en busca de consolidar un monopolio o regresar a ese estado, el acuerdo de SENER contiene desde políticas en materia social como pretexto del freno a renovables, hasta medidas claras para dar prioridad al sueño petrolero del presidente de la república y su gabinete, haciendo también de lado la transición energética. Muchas cosas que nada tienen que ver con la confiabilidad del sistema eléctrico.

Curiosamente todas las medidas, excepto el incremento tarifario para los autoabastecimientos, generarán un efecto claro: encarecer el sistema eléctrico al generar un despacho con preferencia por la confiabilidad, dejando de lado el despacho económico y limitando la competencia. Lo peor es que ni siquiera garantizan confiabilidad.

Sólo la modificación del autoabastecimiento podría ser presentable ante la opinión pública por el posible efecto de disminuir hasta 2 por ciento la tarifa de suministro básico no residencial, trasladando el ingreso de Transmisión a las generadoras o al Suministrador de Servicios Básicos, que quedaría sepultado por el efecto inflacionario de la medida o la posible pérdida de miles de empleos si es que las empresas en autoabastecimiento no logran ser competitivas en sus mercados con el incremento tarifario.

Ahora, ¿cómo se han combatido estas acciones del gobierno?

Con la única forma en que se podía: la vía jurídica, que debe ir acompañada de una campaña informativa que busque hacer del dominio y del sentir popular la necesidad de acabar con los monopolios y de caminar hacia mercados competitivos, al menos en electricidad.

La vía jurídica ha logrado dos cosas, una externa al sector que sin embargo lo beneficia, que es la suspensión provisional de la política de confiabilidad y del acuerdo del CENACE que logró la organización Greenpeace, y las suspensiones primero temporales y luego definitivas que otorgó el juez a los quejosos del acuerdo del CENACE.

Sin embargo, la queja de Greenpeace nos debe recordar dos cosas:

  1. La transición energética no nació como un asunto económico ni financiero, sino con una profunda razón ambiental.
  2. Los ciudadanos, no sólo las empresas, debemos empujar la transición energética con los instrumentos que el propio Estado Mexicano nos brinda.

¿Por qué es necesario recordar el asunto ambiental?

Porque parece que no hay forma de que cumplamos con los acuerdos que adoptó México en París.

Para concluir el análisis hay que revisar el avance de los programas de transición energética propuestos por el gobierno: por ejemplo, a cuatro años y medio de que se acabe el sexenio no se ha instalado uno solo de los 4.8 millones de techos solares prometidos. Esto significa que, si le asignan presupuesto en 2021, que no tuvo en 2019 ni 2020, el programa debería instalar unos 3,343 techos diarios, o sea, en un día se debería instalar lo que se instaló en un mes de 2019. No es posible ni CFE tiene capacidad para esa cantidad de interconexiones, ni para un décimo de ellas.

Entonces llegamos a una verdad inobjetable: la estrategia energética de este gobierno NO tiene forma de lograr el cumplimiento de los Acuerdos de París, obligación Constitucional, y tampoco hay forma, considerando las asignaciones presupuestales, de que PEMEX cumpla con las normas ambientales a las que está obligado.

Y es aquí por dónde sí hay un camino, donde el interés común por un crecimiento de un sector industrial limpio y por un mejor futuro para México debe llevarnos a los tribunales a exigir mecanismos de cumplimiento que están en la ley: Mercado Eléctrico con despacho económico, inversión en transmisión, fin de los subsidios regresivos, subastas de energía eléctrica, entre otros.