COLUMNA | Energía y TMEC: cumplir o sucumbir
La semana pasada se hizo pública una carta de tres Secretarios de Estado de los Estados Unidos hacia sus contrapartes en México. La carta era simple: recordarle al Gobierno de México que tiene compromisos firmados y que las inversiones de Estados Unidos en el país no son únicamente de empresas, sino que incluyen dinero del gobierno y por ende de los contribuyentes estadounidenses en proyectos de infraestructura energética desarrollados en México y que, aunque tenemos el poder de cambiar nuestras leyes, debemos ser respetuosos de lo acordado y firmado.
Le hicieron ver al gobierno mexicano que están al tanto de los cambios regulatorios que han intentado y que son contrarios al marco legal, además de la amenaza de modificar el marco legal (¿y constitucional?) de una forma que lastimaría las relaciones entre ambos países, al poner en riesgo las inversiones mediante la creación de un esquema distinto al que está contenido en la letra y espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La respuesta de la Secretaria de Energía fue un absurdo mensaje: “La relación… es de respeto a las normas constitucionales de cada país, así quedó especificado en el tratado”, cuando en la realidad el problema que acusa la carta es justamente que el gobierno mexicano, desde SENER, CRE y CENACE han violentado la Constitución mediante cambios contrarios al espíritu de competencia consagrado en la misma.
Esto lo ha hecho el gobierno en el ánimo de rescatar a dos empresas propiedad del Estado Mexicano, en detrimento de los usuarios/consumidores e incluso en detrimento de las propias finanzas públicas, violentando además el marco jurídico mexicano.
Pero hay algo raro en este acto diplomático.
Respetar la Constitución y las leyes mexicanas, no sólo hará que el Estado Mexicano cumpla con los compromisos de piso parejo, competencia abierta y con el tratado de libre comercio, sino que beneficiaría más al Estado Mexicano y al pueblo bueno y sabio, como al presidente le gusta llamar.
Mantener el piso parejo, respetar los órdenes de despacho, los permisos de suministro de combustibles, respetar el derecho constitucional y legal a invertir para generar energía, aceleraría la economía en México como, de hecho, la implementación de los proyectos energéticos lo hizo ya.
Pero hay algo más que pensar. ¿Qué pasaría si el Estado Mexicano insiste en cerrarse a la inversión en aras de mantener y fortalecer el monopolio de CFE y PEMEX?
El mayor daño sería para México, que perdería competitividad y dejaría de ser un prospecto interesante para la inversión, con lo que proyectos que podrían establecerse en el país podrían migrar hacia otros lados. Esto genera un riesgo para la región: haría más amplia la desigualdad de la economía respecto a los socios del T-MEC, lo que convertiría a la cooperación entre los países en un lastre, más que en un impulso regional.
La preocupación de Estados Unidos, desde la perspectiva del nuevo gobierno en ciernes, sería que dos de los principales proyectos a partir del 20 de enero, es decir la reactivación económica y la transición energética, tendrían un tope en su frontera sur, con su tercer socio comercial más importante en otra dinámica.
¿Cómo podría caminar bien un proyecto cuando parte de sus empresas, instaladas en México, no tienen condiciones competitivas ni pueden agregar energía renovable en sus procesos?
Será absurdo que su vecino del sur desaproveche su potencial natural y el momento de recuperación verde mundial.
Y entonces Estados Unidos tendrá dos opciones: presionar al gobierno Mexicano para retomar el camino o de plano ver a otras zonas geográficas que aunque no estén del otro lado de la frontera, tengan más elementos de competitividad que México, y perderíamos esa oportunidad.
De presionar más el gobierno del vecino país y lograr el respeto a la Constitución mexicana, el sueño monopólico del titular del ejecutivo podría verse frustrado, en beneficio de los mexicanos e incluso de las finanzas públicas. En el segundo caso, México podría caer en una irrelevancia que nos asegure mantenernos en el subdesarrollo, con monopolios fuertes e inútiles para los mexicanos, sin generación de empleo, ni de riqueza, acelerando la migración, que tal vez sea la razón que haga que la presión incremente.
Porque más allá de la retórica presidencial y de la titular de energía, la realidad es que la inversión privada en el sector energético ha beneficiado a los mexicanos, al ofrecer opciones de mercado que permiten acceder a energía más barata. Y la prueba es muy fácil, más allá de la propaganda: todo el que puede, evita como proveedor a las empresas del Estado.
Mantener la actitud contraria a la Constitución, a la Ley y al acuerdo trilateral o realizar una regresión legislativa, amenaza con congelar la economía mexicana, pero por decisión soberana.
Si tan sólo el gobierno mexicano fuera un poco pragmático y quisiera recuperar de forma rápida la economía del país y cumplir con sus acuerdos internacionales…