COLUMNA | Los CEL cachirules, “nuevos legados” y lo que perdería México

El primer acto de la actual administración federal para frenar la participación privada en el sector energético fue la cancelación de la subasta de energía eléctrica de largo plazo 2018.

La ley indica que el suministrador de servicios básicos sólo puede celebrar contratos de cobertura eléctrica en las subastas que organiza el CENACE. Por esta razón, el cuestionamiento de muchos participantes del sector fue: ¿Cómo hará este gobierno para incrementar la oferta de energía al suministrador de servicios básicos y cómo cumplirá con el Acuerdo de Paris y las leyes de la Industria Eléctrica y de Transición Energética?

La duda creció cuando SENER ratificó las obligaciones de Certificados de Energía Limpia para los años posteriores (aunque no nos confundamos: por ley no podía hacer algo distinto).

Dos actos jurídicos, al parecer ilegales, nos dan luz de por donde se quieren ir:

La modificación de los contratos legados permite la chapuza mediante la cual CFE pueda desarrollar cualquier proyecto, de lo que sea, sin competir, y hacernos pagar por ello al darle contrato con el suministrador de servicios básicos mediante una resolución de la CRE o de SENER.

La otra es una larga discusión que está en tribunales y que busca hacer parecer a generadores viejos como nueva capacidad de generación limpia y otorgarles CEL. Pero cuidado, los CEL son la herramienta establecida en la ley como mecanismo para cumplir con las obligaciones adquiridas en el Acuerdo de Paris.

El problema es que pasar esto como válido, tendría dos efectos: se podría simular que se cumple la ley, que se cumple con capacidad de generación limpia, pero en los hechos no se hace y se incumple el Acuerdo de París. Si bien podría cumplirse con Paris aún sin cumplir con la obligación de CEL, su eliminación de facto, como lo busca SENER, desincentiva el cumplimiento.

Si eso fuera un asunto de leyes nacionales solamente, sería delicado, pero ahora por razones geopolíticas, nos generará problemas serios, sobre todo económicos.

¿Por qué?

Si consideramos que estamos inmersos en mercados internacionales y que los empleos de los mexicanos no son solamente para generar productos y servicios para los mexicanos, sino también para exportación y comercio internacional, estamos metidos en un problema.

Los países del mundo han realizado esfuerzos en materia financiera y de infraestructura, ya sea desde el Estado, desde la industria o una mezcla de ambos, para ir incrementando la capacidad de generación renovable o limpia y así poner su parte en la lucha contra el cambio climático.

Una forma de reconocer ese esfuerzo entre pares y señalar a quien no participa del esfuerzo es una especie de impuesto a las emisiones, que podría darse localmente y debe alinearse con medidas de comercio internacional, como ya lo mencionó y analizó Luis de la Calle la semana pasada[1].

En otras palabras: Estados Unidos, con Biden como presidente, podría tomar medidas para que la industria norteamericana vaya dejando de lado los combustibles, y podría buscar que las empresas ubicadas en los países con quienes tengan intercambio comercial cumplan también con las obligaciones en materia de energía limpia. Y entonces, el gobierno mexicano modificó un mecanismo para que eliminar de facto el fomento a la instalación de nueva capacidad de generación limpia.

Y como no habremos cumplido con las obligaciones que el mismo país asumió, la respuesta de los socios comerciales será muy sencilla: podrán un impuesto a la importación de productos que provengan de los países en los que no se está cumpliendo.

Y la cosa se pone peor: se pronostica que Estados Unidos baje dramáticamente sus costos de electricidad al usar más renovables, mientras que México mantendrá o incrementará los suyos, y además de que las empresas instaladas en México pagarán electricidad cara, tendrán que pagar un arancel para que sus productos se puedan vender en el mercado americano.

Hagamos cuentas con un ejemplo, un auto con costo de producción en México de 100,000 pesos y el costo energético de producir ese auto significa 25 por ciento del costo total. Si la CRE le logra aumentar el costo de porteo para la industria, el costo de producción del auto se incrementaría en unos 2,000 pesos, sólo con eso.

Eso significa que un auto con costo de producción de 100,000 pesos en México tendría un costo por armar e ingresar el auto a los Estados Unidos de unos 112,000 pesos (Costo original + costo agregado de porteo + costo de impuesto por incumplimiento con Paris), mientras que si la empresa encuentra energía 15 por ciento más barata en Estados Unidos (cosa altamente probable y cálculo bastante conservador), allá le costará 96,250 pesos armar el auto.

Por lo tanto, armar el auto en México será 16 por ciento más caro, además de que la industria no cumpliría con los compromisos ambientales que casi todas han emprendido. E insisto, este 16 por ciento es muy conservador.

Si bien México tiene un costo de mano de obra más bajo, recuerde que el TMEC busca acercar los montos salariales entre México, Estados Unidos y Canadá, con lo cual la competitividad ahí se perdería.

Aún cuando muchas de las inversiones en el país se mantendrían, cuando se hagan proyectos nuevos deberán considerarse estas diferencias de costos. Además, el costo de energía en Estados Unidos mantendría una tendencia a bajar, mientras que aquí no, más aún si consideramos el bloqueo de CRE y SENER a proyectos privados, para sólo permitir nuevos proyectos al monopolio.

México “cumpliría” con la ley al tener CEL cachirules, pero perdiendo empleos y competitividad en el mundo, con energía sucia y cara, que de poco nos serviría.

Pero vea lo bueno, cumpliríamos con los caprichos del gobierno.

 

[1] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-fernando-de-la-calle/biden-gabinete-impuestos-y-cambio-climatico