COFECE pide al Congreso no reducir condiciones de competencia en el sector energético
Los especialistas coinciden en que, de entrar en vigor las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, la competencia en el sector sufriría muchas afectaciones que también se verían reflejadas en el aumento de las tarifas.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sigue levantando opiniones entre los participantes del mercado eléctrico.
Las empresas, principalmente las dedicadas a la generación de energía renovable, acumulan lo que va del sexenio con cambios continuos en las reglas y con un discurso en contra de la inversión privada, ya que con las modificaciones se busca incrementar la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector.
Al respecto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la Unión no aprobar dicha iniciativa, pues afectaría “severamente” el proceso de competencia en comercialización y generación de la energía en el país.
En un comunicado, la autoridad antimonopolios de México declaró que de entrar en vigor las reformas a la LIE, afectarían el modelo de la industria eléctrica prevista en la Constitución Política y esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas que deberán pagar los consumidores o el mismo gobierno, mediante subsidios.
"En un contexto de recuperación económica es especialmente importante alentar inversiones nuevas y procurar condiciones de eficiencia para que, mediante la competencia, las tarifas de la electricidad sean lo más bajas posibles", expuso la Cofece.
Además, agregó en el documento, es sumamente importante que las empresas mexicanas tengan acceso barato y eficiente a la electricidad y, ante la actual presión en el gasto público, es importante mantener bajos los subsidios aplicados a las tarifas eléctricas, de tal forma que el Gobierno cuente con recursos adicionales para apoyar a la economía mexicana.
La iniciativa propuesta por el presidente restringe el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, las cuales son un insumo indispensable para que exista la competencia y el suministro en el mercado, ya que alrededor del 84? la generación existente tendría derecho a ser adquirida por el principal suministrador del país a través de métodos no competidos.
Lo anterior considerando que, como explicó la Cofece, el marco constitucional vigente contempla la posibilidad de la competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, actividades en las que, sin excepción, todos pueden participar, tanto los privados como la CFE.
En este contexto, Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana De Energía Eólica (AMDEE), expuso que, ante los cambios en el sector, las empresas han comenzado a especializarse cada vez más en los instrumentos legales que hasta ahora han detenido el avance regulatorio de los cambios impulsados por AMLO, en lugar de centrarse en el desarrollo de nuevas inversiones.
“Nos hemos especializado en las leyes mexicanas y en la Constitución, en lugar de estar pensando en dónde vamos a desarrollar el próximo proyecto. Hemos estado buscando abogados para defender los activos e inversiones que se han realizado”, afirmó Valle.
El vocero de la AMDEE reveló que algunas compañías han robustecido sus áreas legales o aumentado su colaboración con despachos de juristas especializados, como una estrategia de respuesta a los constantes cambios en la industria.
Sin embargo, el especialista José Jorge Martínez, explicó que aun cuando las empresas del sector energético están enfrentadas ante la indeseable situación de entablar nuevas demandas contra el Gobierno de México, por la lesión que causará a sus inversiones la eventual aprobación de la iniciativa preferente en materia eléctrica, las demandas tendrían otro costo incalculable, además del tiempo que pudieran durar los procedimientos ante tribunales mexicanos y paneles internacionales.
“Esta estrategia fue planteada a las corporaciones energéticas por los despachos de abogados litigantes que asesoran a las cámaras empresariales, sin calcular estos costos ni las probabilidades de triunfo, sopesando los caminos jurídicos que tiene el presidente para defenderse de sus argumentos”, detalló Martínez en su columna de opinión en el sitio Expansion.mx.
El socio y consejero experto en cabildeo ético y manejo de crisis políticas en la agencia Psiquepol añadió que es indispensable que los participantes del sector hagan lo que debieron desde un principio: escuchar a profesionales del cabildeo ético y emplear a la negociación como la primera herramienta que tienen las organizaciones para manejar una crisis política, en vez de utilizar la última que es el litigio.
“Propongo que las empresas de electricidad e hidrocarburos tomen este reto y presenten una propuesta legislativa propia, para evitar proseguir con una estéril confrontación que los dañará junto a todo el pueblo de México”, concluyó Martínez.
(Con información de Reuters y Diana Nava. Notas publicadas en el sitio expansion.mx)