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COLUMNA | Contrarreforma… ¿y el MEM? (parte III)

2020-10-19 Víctor F. Ramírez Cabrera, Plataforma México Clima y Energía
contrarreformar sin medir el riesgo

El Mercado Eléctrico es el intercambio de energía entre empresas, ya sean públicas o privadas, unas que generan y otras que consumen, usando la infraestructura de transmisión y distribución y pagando por ese uso, además de tener a un suministrador como intermediario que asegura el abasto al usuario en las condiciones que este requiere.

Si bien todos los contratos del Mercado Eléctrico están registrados ante el CENACE, la confidencialidad de los mismos, por ser contratos privados, dificulta conocer los montos de las transacciones. Sin embargo, derivado del tamaño de la infraestructura desarrollada o en construcción, podríamos calcular que el Mercado Eléctrico traía de 2015 a 2018 unos mil millones de dólares anuales de inversión comprometida, lo que significaría alrededor del 20 por ciento de la inversión que se dio en las subastas eléctricas.

El proyecto original consistía en que todos los usuarios que consumieran por lo menos un megawatt podían participar en el Mercado Eléctrico. Pero el límite no era estático, sino que debió ir bajando para que empresas medianas fueran ingresando al Mercado y accedieran a servicios energéticos de más bajo costo, todo con inversión privada. Eso debía de darse por un simple oficio de SENER, que dado el espíritu monopolista que tiene ahora, no se va a dar.

La situación actual es un intento de contrarreforma que ha anunciado el presidente y que generaría un agente preponderante, CFE, y solo una parte de la energía privada y más barata se recibiría en la red y por tanto se comercializaría.

Por más que se diga que “se van a respetar los contratos”, el despacho eléctrico alterará el desempeño de los mismos.

A partir de eso surge algo interesante.

El memorándum del presidente tiene dos características importantes: ignorancia técnica e ignorancia jurídica, lo que lo lleva a contradicciones como la que sigue:

“Respetar los contratos” debería forzar a mantener las condiciones de los contratos, tales como el despacho económico que garantice que la energía de los proyectos se reciba si estos ofrecen costos competitivos, como sucede actualmente. Recordemos para esto que, para que la energía de los privados pueda ser despachada, el generador oferta costos bajos o de plano entrega energía renovable, con despacho garantizado por tener costo cero de generación.

Entonces, para no generar conflictos comerciales y legales internacionales, debería crearse un modelo de transición, para así garantizar el respeto real de los contratos que ahora serían legados. O sea, habría que crear un segundo régimen legado, adicional al creado con el cambio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a la Ley de la Industria Eléctrica.

El régimen legado no sería únicamente de Mercado Eléctrico, sino de todos los contratos de suministro, incluidos los de las subastas. Curiosamente, esto echaría a perder el nuevo orden de despacho propuesto por el presidente.

¿Qué pasaría entonces?

¿Respeto real a las condiciones de los contratos existentes o un respeto simulado para ir sacándolos del mercado? ¿Qué pasaría con esa infraestructura al acabar los contratos?

El primer caso inutilizaría por varios años el memorándum del presidente. El segundo significaría una serie de pleitos legales a nivel internacional, que harían de Mexico el apestado internacional en materia de estado de derecho.

Los propios acuerdos de libre comercio generarían las condiciones para defensa de los nuevos legados, metiendo al Estado mexicano en problemas por no respetar su propio marco legal y por cambiar las reglas en perjuicio de la inversión, que además afectaría al propio interés nacional.

Pero el problema no es de leyes, de Constitución, de tratados internacionales o de la reforma, sino de intentar imponer ideas ajenas a la realidad, con origen en dogmas y no en la búsqueda del bienestar de los mexicanos; con esto me refiero al memorándum que presentó el presidente y que busca ser la base de su contrarreforma.

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