COLUMNA | ¿Qué quiso decir el decreto del Grijalva? (Y cuáles son sus consecuencias reales)
El pasado primero de diciembre se publicó el decreto del Grijalva (por el que se establecen las medidas de coordinación que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el manejo de presas y la reducción de desastres por inundaciones en la cuenca del Río Grijalva, y su relación en el control y despacho de generación eléctrica, con sentido social y de protección civil).
Este decreto es el resultado del intento que hace el gobierno federal por mitigar las inundaciones en Tabasco, producto de las lluvias. Parece que se dieron cuenta de que la situación no tiene que ver con lo que repitieron por años en el discurso sobre neoliberales y retener agua.
El decreto se puede leer aquí y vale la pena hablar tanto de la forma como del fondo del mismo.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606505&fecha=01/12/2020
El documento consta de catorce artículos, incluyendo dos transitorios.
Los artículos primero a octavo dicen que CFE, CONAGUA y el resto de las autoridades van a trabajar como ya deberían de hacerlo. Hay que resaltar que hay un reconocimiento implícito al abandono que se ha dado al sistema de monitoreo de las presas y, a juzgar por lo que dice el decreto, al sistema meteorológico, pues en el decreto se comprometen a que este sistema trabaje por lo menos al 80 por ciento. ¿No debería hacerlo al 100 por ciento? Es pregunta.
Los artículos décimo y décimo primero mandan a hacer lo que ya deberían hacer los consejos de cuenca y a realizar las actividades de planeación urbana que ya se deberían de hacer también, aunque mete al CENACE a participar en esta última actividad, ajena a su mandato legal y constitucional.
El artículo noveno es el importante. A pesar de la torpe redacción y confusión de facultades, podemos asumir que el artículo intenta decir que el sistema eléctrico no dispondrá de la reserva de agua para generar electricidad en las horas de más alta demanda del sistema durante la época de estiaje. Esto significa perder 4,000 MW de capacidad de generación que tendrán que ser suplidos con termoeléctricas convencionales, turbogás o combustión interna de CFE. La más alta demanda de energía dejará de ser alimentada por energía limpia para usar energía sucia y cara. O sea, el costo de energía en las horas de más alta demanda durante el estiaje podría pasar de $1,529 pesos (costo de ciclos combinados de CFE) a $2,810 pesos al marginar con las plantas de combustión interna de la misma CFE.
La segunda parte del artículo noveno dice que en época de lluvias la generación eléctrica se operará dependiendo de lo que indique la Comisión del Grijalva, Comisión creada por el decreto, pero que de hecho hará el trabajo que YA realiza el Comité Nacional de Grandes Presas.
Es delicado que el decreto diga que el CENACE no contará con el despacho económico, cuando es uno de sus mandatos de ley, pero en realidad eso parece un error de redacción que permite esa interpretación. El texto quiso decir que no se ofertará energía de las hidroeléctricas en esos momentos, pero eso NO tenía por qué hacerse desde CENACE, sino de la generadora que es la que oferta, es decir, CFE.
El decreto dice que no se dispondrá del despacho para mitigar los precios en otras regiones. Parece este un anuncio de que la península de Yucatán tendrá que rascarse con sus uñas en horas de máxima demanda. Un anuncio de precios más altos a la zona de mayores precios del sistema interconectado, o de plano anuncio de apagones en verano.
Pero, además, el decreto le da varios encargos al CENACE que no tiene, para los cuales no cuenta con presupuesto, carece de personal y de capacidades. ¿Con qué facultades, personal y mandato legal lo hará el CENACE? Porque nada de esto está en la ley. ¿Qué tiene que hacer el CENACE en la planeación urbana y del territorio de Tabasco? No tiene ningún sentido. Esto solo lo pudo haber escrito alguien que no tiene idea de la ley ni del funcionamiento del sistema.
Recordemos el principio jurídico, tan olvidado por este gobierno, de que el Estado (el CENACE es del Estado) sólo puede hacer lo que la ley expresamente le indica. Este decreto confiere funciones al CENACE en contra de la Ley que lo rige y de la Constitución.
El texto también mete al ejército y a la marina en cosas que les son ajenas, aunque parece lógico si pensamos que este gobierno ha intentado militarizar todo.
El texto parecería tratar al CENACE como si estuviéramos antes de 2014: como una dependencia de CFE, por lo que indica que no contará con el despacho.
Finalmente, el decreto termina por desmentir al presidente y el gran mito creado por él, de que las hidroeléctricas no se usaban sólo para beneficiar a generadores privados. Tan es así, que ahora plantean menor disposición de agua para generar en estiaje y no “turbinar” más. Se usarán menos que en el periodo neoliberal, pues.
El problema es que todo este decreto, la creación de figuras nuevas que duplicarán el trabajo, el incremento del costo de la energía en horarios punta y la pérdida de ingresos de CFE por cambios en el precio de la energía que ofertan, no va a mitigar los riesgos de inundaciones.
Muchísimo ruido y no estoy seguro de ver nueces.
Desde esa perspectiva el decreto es mayoritariamente simulación y una confesión de ignorar cómo funcionan el sistema, la ley, la Constitución y la administración pública en su conjunto.
Como anécdota: entre la presentación del documento para su consulta pública en CONAMER y su publicación en el Diario Oficial de la Federación no pasaron más de seis horas, pero tiene la firma del presidente de la república y de seis secretarios de Estado. Si la exención del proceso de mejora regulatoria se hizo en cinco minutos, entonces estuvieron recolectando las firmas durante el evento del Informe de Gobierno. Si no las recolectaron ahí, el documento se publicó sin firmas, sin cumplir con el proceso que la ley manda. Lo que sí sabemos, es que se hizo sin conocer la opinión de ciudadanos y expertos en una consulta pública.