COLUMNA | La confusión fundamental

¿Cuál debe ser la función de un gobierno y de un servidor público?

Evitaré discusiones de orden filosófico para decir que, en resumen, el Estado debe buscar que a todos los mexicanos les vaya bien. Para eso tiene un marco legal, formado por la Constitución y una serie de leyes que aterrizan lo que la Constitución dice.

Recordemos dos principios jurídicos: “todo lo que no está prohibido está permitido” es un principio que sólo aplica a los ciudadanos, mientras que al gobierno le aplica justo al revés: "solo puede hacer lo que dice la ley”. Ahora, el gobierno, para lograr sus objetivos, puede tener una serie de herramientas, entre las que están las secretarías, reguladores y en algunos casos, empresas.

Aquí está la confusión: el presidente ha confundido ser jefe de Estado con ser el dueño del gobierno y sus empresas.

En lugar de procurar el bien de los mexicanos y satisfacer la imperiosa necesidad de tener energía barata, asequible, de calidad y limpia, mediante cualquier medio legal que tenga a la mano, ha optado por fortalecer a un par de empresas propiedad del gobierno como el centro de su política energética. El problema es que, en lugar de transformarlas para hacerlas productivas y rentables, fuerzan la ley para hacerlas obligatorias y, hasta donde se pueda, retornar a un esquema monopólico, sin advertir que esto llevará a que las empresas se vuelvan un lastre para el Estado y requieran de la constante intervención para sobrevivir, vía subsidios.

Por eso, en lugar de impulsar el desarrollo de proyectos públicos o privados para satisfacer las necesidades del país y los ciudadanos, proyectos que generen empleo y atraigan otros, este gobierno bloquea la entrada de participantes a un mercado. Les importa poco si esto prolongará la pobreza de la gente o evitará el crecimiento económico de comunidades. Y aquí surge otra confusión: en el gobierno no entienden que el mercado es un asunto de interés público.

Para alguien que nació y creció entre monopolios, cuesta entender que el bien común se logra con mucho más que la empresa propiedad del gobierno y que por tanto esa empresa no es un objetivo, sino solo una herramienta.

¿El asunto energético es de interés público? Sí, pero no la supervivencia (a costa de lo que sea) de una empresa propiedad del gobierno.

Hay otra perspectiva más para intentar entender a este gobierno y sus acciones alrededor del sector energético:

El presidente solo piensa electoralmente y entiende a las empresas del Estado con una visión  corporativista. El problema es que mantener el visto bueno electoral del corporativismo energético llevará a afectar a todo el aparato productivo mexicano y encarecerá la energía, limitando las opciones y espantando el empleo y la inversión, lo que limitará a los ciudadanos en su búsqueda por mejores condiciones de vida.

El estado no tiene recursos. Tan es así que han desaparecido instrumentos financieros que estaban destinados a emergencias para satisfacer programas sociales del gobierno. En ese contexto, cambiar las reglas para beneficiar a una empresa por ser pública, sin poner por encima el perjuicio que esto puede generar al resto del país es, además de inconstitucional, inmoral. Limitar el crecimiento de la oferta energética para que solo el Estado la pueda ofrecer o esté condicionada a sus posibilidades económicas, es condenar al país al subdesarrollo y a la pobreza a los más pobres. Porque sólo podrán satisfacer las necesidades energéticas si logran distraer recursos del Estado que se podrían usar de mejor forma, mientras la IP bien regulada ofrece energía de forma competitiva.

En español: este gobierno quiere dar preferencia a una empresa que no tiene recursos para invertir y a la que compromete cada vez más con compromisos político-laborales, para lo cual restringe el crecimiento de los demás, mientras espera tomar recursos que podría invertir en salud y educación.

Tal vez la parte más delicada de la confusión de este gobierno sea el desprecio por el marco legal, al grado que la voluntad de una persona ha intentado ser impuesta mediante la burla y el desprecio y la relativización de ese marco legal.

Y es que este gobierno entiende la ley como un escrito cualquiera (tal vez producto de tener un legislativo mayoritariamente genuflexo que cambia la ley a su antojo) y no como el marco jurídico que limita y establece facultades y límites al Estado, buscando el ejercicio de las libertades del ciudadano. Libertades como, incluso, decidir cómo quiere obtener la energía que necesita.

La función del presidente NO debe ser rescatar una empresa, sino beneficiar al país y a los ciudadanos, aunque esto sea con el Mercado y la competencia que tan poco entiende y tanto detesta.

Es el jefe de Estado.
Las empresas son del Estado.
Por lo tanto, su función es rescatar a las empresas del Estado.

He ahí un verdadero sofisma.