COLUMNA | Sobre la necesaria soberanía (y el falseamiento de la historia)

La política energética de este gobierno ha tenido sólo una base, al menos públicamente: la soberanía. Este concepto está basado en la idea implantada en la historiografía postrevolucionaria del Estado dueño o controlador de todo. Así, la soberanía se impone como un principio sobre todo y a pesar de todo lo demás.

No hablaré del Estado obeso del que ya habló hace unos días Isaac Katz en su columna y que parece ser la visión real del presidente[1]. Hay que insistir en que el presidente creció en un ambiente en el que todo venía de una empresa del Estado, ya sea formal o informalmente y por eso sólo entiende el mundo así: todo viene del Estado y está ligado al petróleo.

Pero ¿cuál es el significado de soberanía para el presidente y su equipo?

La realidad es que no es claro el significado. Como en todo, el presidente cambia de opinión de forma muy frecuente. Sin embargo, hay una serie de principios que parecen repetirse: el Estado debe ser dueño o controlador de todo, la iniciativa privada sólo como constructora, el uso de sólo tecnología mexicana y los recursos “que hay en el país” como prioridad finalmente la empresa pública como benefactora social.

Analicemos el efecto de cada uno de ellos en el sector eléctrico.

El estado como dueño y operador de todo inicia con un problema: para ser dueño necesitas tener dinero para hacerlo y/o comprarlo todo, ya sea mediante compra o expropiación. El presidente sabe que no tiene cómo hacerlo y por eso siempre habla de “respetar los contratos firmados”. Usar el dinero para comprar toda la infraestructura requiere recursos que el Estado no tiene. Pero supongamos que nace un nuevo Cantarell, que el precio del petróleo se va al cielo y el Estado tiene dinero para comprar todo ¿conviene?

Al usuario no, pues se retorna a un monopolio, el usuario de cualquier tamaño no tendría opciones para elegir, los incentivos se volverían contrarios a la eficiencia y al ser la empresa del Estado, un Estado dirigido por gobernantes que llegan por elección, la propia empresa se iría volviendo rehén de los electores que operan la empresa, un operador electoral de facto de un grupo clientelar. Incluso un monopolio así con regulador termina siendo cooptado por la empresa, por el peso electoral que tiene.

La iniciativa privada sólo como constructora. Este punto tiene una complicación particular y es que el riesgo de todo lo lleva el Estado. La empresa podría construir un proyecto llave en mano perfecto, pero la operación la lleva el Estado. ¿Conviene esto? La experiencia de los parques eólicos de CFE, cuya generación cayó 40 por ciento el ultimo año según el informe de gobierno, nos hacen ver que algo bien construido pero sin certeza de operación podría ser dinero perdido.

El uso de sólo tecnología mexicana y los recursos “que hay en el país”. Antes que otra cosa, la frase de “usar lo que se tiene” ha sido utilizada por este gobierno para justificar el uso de carbón y combustóleo, siendo que en el país hay mucho más viento y sol gratuitos que carbón y petróleo caros. Ahora, ¿hay que promover la investigación y desarrollo de tecnología en México? ¡Claro! Pero limitar para que sólo lo desarrollado en México se use, sería tan absurdo como prohibir el uso de hornos de microondas, celulares, computadoras y todo lo que no se desarrolla en México. Si en otros sectores estratégicos, como las comunicaciones, se usa lo que se desarrolla fuera de México ¿Por qué en energía hay que esperar a que sea necesariamente tecnología mexicana la que se use en el sector? El desarrollo de tecnología se logra gracias al intercambio de conocimiento con el extranjero y la transferencia tecnológica debe ser en realidad una de las metodologías de desarrollo del país. Frenar hasta desarrollar lo propio nos retrasaría en otras cosas urgentes como luchar contra el cambio climático.

La empresa pública como benefactora social. Esta es una buena intención, pero basada en la falacia de que la reforma de 2013 eliminó la función social de la empresa. Tan es falso que se creó el modelo del Fondo del Servicio Universal Eléctrico, que por primera vez generó un mecanismo con recursos de origen claro y mecanismos concretos para electrificar el país.

Pero como hemos visto por todos lados, los costos de energía eléctrica más altos que tiene el sistema son los de Comisión Federal de Electricidad.

Usar como principio de soberanía que el 54 por ciento de la energía eléctrica debe venir de CFE, a cualquier costo, terminaría por incrementar el costo de la electricidad, que se pagaría en factura o subsidios, y que terminaría por distraer de nuevo recursos de la nación en asuntos que podrían ser más eficientes por competencia. Ahí se pierde el beneficio social de la empresa.

El mayor beneficio que puede generar CFE a México y a los mexicanos es promover un sector competitivo, ampliar las posibilidades de generación mediante el reforzamiento de las redes de distribución y líneas de transmisión, para garantizar la seguridad y diversificación del sistema.

De hecho, buscar la soberanía rememorando el acto de nacionalización de 1960, además de estar fuera de tiempo es estar fuera de contexto. Los objetivos de la nacionalización (ampliación de la cobertura eléctrica, incremento de la capacidad de generación e impulsar la industrialización del país) se logran de sobra con el modelo eléctrico instaurado con la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, pero no con el modelo que buscan implantar mediante el memorándum del presidente, más cuando el Estado carece de recursos.

¿Será que por eso publican un falso discurso de López Mateos para conmemorar la nacionalización de 1960? Es pregunta.

 

[1] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Estado-obeso-I-20200920-0082.html