Ola de amparos, el paso inminente en el sector energético

A la fecha, todos los cambios en el sector han sido seguidos de amparos por parte de compañías privadas y organizaciones. La nueva iniciativa de ley del gobierno parece que no será la excepción.

 

Los cambios en las reglas del sector energético que hasta ahora ha promovido la administración de Andrés Manuel López Obrador se han topado con un obstáculo: los amparos promovidos por la iniciativa privada y las organizaciones ambientalistas. Y la nueva iniciativa presidencial que pretende modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede no ser la excepción. 

Los participantes del mercado eléctrico ya pronostican una nueva ola de amparos si la iniciativa enviada por el presidente es aprobada por las dos cámaras del legislativo. La razón es que las modificaciones solicitadas contienen una serie de reglas contrarias a principios constitucionales, como el derecho a la competencia y la no retroactividad de las leyes.

“(La iniciativa) está mal estructurada desde el punto legal, lo hicieron al revés. Primero intentaron modificar de lo particular a lo general, que es la constitución. En la medida que no hagan cambios constitucionales no van a poder implementar los cambios que quieren y lo más probable es que (las empresas y las organizaciones) tengan un respaldo favorable”, aseguró Bernardo Cortés, del despacho Dentons López Velarde. 

Los juzgados especializados en competencia han detenido de manera provisional o definitiva algunos de los cambios regulatorios presentados por la actual administración, entre ellos están el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de abril del año pasado, que buscaba cambiar el orden de despacho de las centrales eléctricas y la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), que daba más facultades a la estatal CFE. 

Las compañías privadas han argumentado una violación al derecho a la competencia y las organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, han recurrido a la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano para frenar los cambios en el mercado eléctrico.

Y los juristas especializados expusieron que la iniciativa privada y las organizaciones podrían recurrir a argumentos similares para detener la nueva medida, que deberá ser discutida –y en su caso aprobada– en los siguientes 60 días por ambas cámaras.

Al respecto, el Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) emitió un comunicado, donde reconoció la importancia de garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como promover estructuras de costos y precios que fortalezcan al sector, sin embargo, argumentó que los cambios a la LIE tendrían importantes implicaciones en el país. 

En primera, la eliminación de la obligación de la CFE de obtener la energía a través de subastas eléctricas, al actuar como Suministrador de Servicios Básicos, iría en detrimento de la competencia en el mercado, reduciendo la oferta y los incentivos para tener tarifas menores. 

Mientras que la eliminación de las subastas también aumentaría los costos de generación de CFE y podría impactar en las tarifas finales, directamente, a excepción de que se otorgue un mayor subsidio a las mismas, con el impacto que ello puede generar sobre las finanzas públicas.

“Al cambiar el orden de despacho, de uno económico a uno que favorece directamente a las centrales de CFE, se afecta directamente a los generadores privados, inhibiendo la competencia e influyendo negativamente la estructura de precios del sector”, se estableció en el documento. 

De igual manera, el Consejo Directivo Nacional del IMEF aseveró que el cambio propuesto en la iniciativa del ejecutivo para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs) elimina por completo su objetivo principal: fomentar el desarrollo de infraestructura para la generación de energía a partir de fuentes limpias.

Además, agregó, la revocación de permisos de autoabastecimiento y la revisión de los contratos de producción independiente de energía atentan contra los derechos otorgados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se encuentran protegidos en los transitorios de la LIE. 

Lo anterior afectaría en su totalidad al sector energético mexicano e incluso también pondría en riesgo el cumplimiento de los convenios internacionales, como es el caso del T-MEC, lo que se vería reflejado en el “retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de electricidad, pues no garantizaría tarifas mejores e impactaría directamente en el atractivo de México como destino de inversión”.

(Con información de Diana Nava. Nota publicada en el sitio expansion.mx)