Servicio eléctrico de calidad, un derecho para todos

2020-03-05 Irayda Rodríguez, Grupo Expansión
México como filamento iluminado

A raíz no solo de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos el pasado mes de diciembre, vale la pena hacer una revisión de las iniciativas que existen en nuestro país para garantizar el acceso a la electricidad principalmente para el segmento de la población que todavía no tiene acceso al servicio de energía eléctrica, lo cual debe reconocerse como derecho universal, así como un servicio eléctrico de calidad.  

 

Como da a conocer la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son esenciales y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y social, condición que se requiere para la erradicación de la pobreza.

 

La OIT señala que son los gobiernos quienes deben garantizar el acceso fiable y universal a dichos servicios dentro de marcos normativos adecuados. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determina que el 13? la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad.

 

En este sentido, la ONU establece entre los objetivos de desarrollo sostenible a la energía asequible y no contaminante, enfatizando que el acceso universal a la energía es básico para enfrentar casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, como son el empleo, la seguridad, el cambio climático o la producción de alimentos, entre otros.

 

La propuesta es apoyar las nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas.

 

La meta es que para 2030 esté asegurado el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, a la par de que se aumente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y se duplique la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

 

Igualmente, deberá ampliarse la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, donde tanto las inversiones públicas como privadas son sustanciales.

 

EL PANORAMA PARA MÉXICO

 

En febrero de 2019, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la energía eléctrica, con la finalidad de reconocer el acceso a la electricidad como un derecho humano para la población en México. Nuestra Constitución ya contempla de por sí el respaldo al vínculo, contenido y alcances del suministro de electricidad como derecho fundamental que concreta otros derechos humanos a través de diversos artículos.

 

“La energía eléctrica es un recurso natural, fundamentalmente para la subsistencia de la humanidad, del cual no se puede prescindir hoy en día, y sobre el cual no debe existir la incertidumbre sobre su suministro. Durante los últimos años hemos padecido de los altos costos del servicio eléctrico, un servicio deficiente y una falta de cobertura para el 100 ? la población. Hechos que demandan nuestra atención y nuestra solución”, aseguró durante la presentación de esta iniciativa.

 

Así, al ser la energía eléctrica la base de derechos humanos básicos como la alimentación, el acceso a los servicios de salud, la vivienda digna, la educación de calidad o el acceso a la información y a sus tecnologías, Martínez Simón afirmó que debe reconocerse como un derecho garantizado por el estado y no como una mercancía.

 

También, en septiembre de 2019, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros dio a conocer un proyecto de decreto que adiciona el artículo 1 de la Ley de la Industria Eléctrica para que se reconozca como derecho humano el acceso a la energía eléctrica de forma suficiente, segura y con calidad continua. Esto tras las fallas técnicas que ocasionan apagones en las ciudades de Tijuana, Tecate, Ensenada y Rosarito, donde habita más de 90 por ciento de la población de la península de Baja California, así como las afectaciones en el servicio en Yucatán.

 

La legisladora subrayó que ambos son ejemplos recientes de “esta anómala situación, sufriendo de manera constante apagones, cortes e intermitencias en el suministro de luz, con todas las afectaciones negativas asociadas en hogares, hospitales, industria, comercio, negocios, infraestructura y seguridad vial, sin que dicha empresa pública responda”.

 

Saldaña Cisneros agregó que el alcance debe aplicarse en el presupuesto de Egresos de la Federación, donde se prevean partidas presupuestales para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleve a cabo labores de mantenimiento, rehabilitación y sustitución de la infraestructura eléctrica, así como la compra de potencia en temporadas de altas y bajas temperaturas.

 

Es interesante resaltar que, en la presentación de esta iniciativa de ley, la senadora por Baja California señaló como causas adicionales en la falla del suministro en la península a la mala calidad del combustóleo que se emplea en las centrales termoeléctricas y que genera la descompostura de las turbinas, además de falta de mantenimiento por recortes presupuestales.

 

Los dos proyectos de decreto de las senadoras fueron turnados a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, respectivamente, para ser discutidos.