COLUMNA | El costo de una contrarreforma eléctrica (Parte I)

Este día, el presidente presentó una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, derivada de su ya famoso memorándum y cuyo objetivo es fortalecer a CFE. En este texto intentaré poner en claro las implicaciones económicas de una reforma como la quiere o necesita el presidente. Hay que decir que el texto propuesto por el Presidente luce inconstitucional, pero una reforma constitucional tendría efectos enormes que intentaré explicar en una serie de artículos que inician hoy.

Primero que nada, la propuesta de reforma busca modificar el orden del despacho eléctrico (el orden en que se recibe la energía en la red) para dar preferencia a la generación de CFE. Esto es incompatible con el orden despacho económico y con el espíritu de competencia (libre concurrencia) plasmado en la Constitución y es contrario también a las condiciones en la que están suscritos los contratos actuales.

Entonces existen dos opciones por las que debe caminar una nueva reforma, que son nuevos modelos legados o expropiación. Me explico:

Si el presidente pretende respetar todos los contratos actuales, tiene que crear un estado legal de excepción, en el que se siga respetando el orden de despacho y las reglas en general que tienen los proyectos actuales y los de la ley anterior. O sea, que a los contratos vigentes en este momento no se les aplique el nuevo modelo jurídico, sino aquel en el que fueron establecidos. A eso se le llamaría nuevo legado. Y digo “nuevo” porque en este momento hay contratos legados, previos al 2015 y que se mantienen sus condiciones. Pero hacer este modelo legado inutilizaría de facto la reforma que busca el presidente, pues mantendría en despacho todas las privadas con costos más bajos, desplazando a las plantas caras de CFE, como las termoeléctricas que este gobierno ha intentado mantener en operación a cualquier costo.

Entonces, para que este gobierno pueda tener una reforma que desplace a los privados como espera, el presidente requiere la segunda opción: no respetar los contratos e indemnizar a quienes invirtieron. El costo debe ser por los ingresos esperados por las inversiones.

¿Cuál sería el costo de esto último?

Habría por lo menos que indemnizar a cuatro grupos: generadores con contratos de subastas de largo plazo y generadores de mercado eléctrico, estos como producto de la reforma; también auto-abastecimientos y productores independientes de energía, actualmente legados, o sea previos a la reforma de 2013.

Los contratos de las subastas de energía eléctrica de largo plazo, ¿a cuánto equivalen?

Recordemos que esos contratos son por 15 años de energía y potencia, pero por Certificados de Energía limpia son por 20 años.

El total a pagar de los contratos de las subastas es de 12,684 millones de dólares. Si consideramos que sólo el 90 por ciento de la capacidad comprometida en los proyectos se concluye y entrega con éxito, serían 11,415 millones de dólares. De estos, hasta noviembre pasado, se han pagado 747 millones de dólares, por lo que restarían unos 10,668 millones de dólares, calculado con un 3 por ciento de inflación anual promedio los siguientes 20 años.

Ahora: este es el costo solamente de esa infraestructura y con los contratos de subastas. Pero la infraestructura de las subastas NO dejará de funcionar al acabar el contrato, sino que tienen permisos por más tiempo y los equipos seguirán útiles. Al menos podrían duplicar en años su venta de energía. Supongamos que en esos 15 años más, venden la energía al precio de la tercera subasta, la más barata. Eso significaría que entre todos los proyectos de las subastas entregarían unos 17.8 millones de MWh en los siguientes años (con la operación de sólo el 90 por ciento de los proyectos), que a costo de $227.15 pesos por MWh (el más bajo de las subastas) significaría sumar unos 6,115 mil millones de dólares más.

O sea: sólo de la infraestructura contratada y que genera para los contratos de las subastas, los ingresos previsibles mínimos y que tendría que pagar el gobierno como indemnización son de 16,783 millones de dólares.

Pero esto no acaba aquí. Falta considerar que los parques construidos sólo tienen comprometido entre 80 y 90 por ciento de la energía que pueden generar. El resto de la energía que generan se vende en mercado o mediante contratos bilaterales. Entonces podemos hablar de que sólo los ingresos calculados de la infraestructura construida a partir de contratos de subastas, ascienden a una cifra de entre 17,463 y 18,313 millones de dólares.

Pero no nos hagamos bolas, falta calcular la indemnización de los otros tres modelos que el Estado Mexicano tendría que indemnizar.

Y también debo insistir: con pagar esos 17 mil o 18,313 millones de dólares, el gobierno sólo pagaría lo ya construido, no agregaría ni un watt más de capacidad de generación, ni aseguraría más energía ni costos más bajos para el futuro, sino que sólo cumpliría con el capricho del presidente.

En la siguiente entrega terminaremos el cálculo, para conocer el costo de la contrarreforma.

 

Lee la siguiente entrega aquí: El costo de la contrarreforma eléctrica parte 2